La subcontratación, también conocida como outsourcing, está establecida en la Ley Federal de Trabajo desde 2012. Sin embargo, como todos sabemos, en noviembre del año pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó la iniciativa de reforma para regular esta ley, la cual fue aprobada por el Senado el pasado 21 de abril.

Las modificaciones, que entraron en vigor el 24 de abril, establecen nuevas disposiciones que garantizan los derechos laborales, al prohibir la subcontratación de personal, salvo para servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de las empresas.

Como dijo el Lic. José Mario de la Garza Marroquín, ex Presidente de la Barra de Abogados, en el Comité de Capital Humano de la AIMX el pasado 25 de mayo, el tema tiene muchas aristas y tiene que analizarse con mucha profundidad, ya que la reforma contempla aspectos corporativos, fiscales y laborales; además de incluir delitos específicos que tienen que ver con las prohibiciones que se establecieron en la ley, así como sanciones de tipo administrativas y económicas importantes.

Con todo esto, las empresas estaban en una carrera contrarreloj, debido a que la reforma otorgó en ese momento un plazo de 90 días para que los negocios realizaran el procedimiento sin la condición de transferir bienes, pero respetando la antigüedad de los trabajadores afectados.

Sin embargo, ante la solicitud de la iniciativa privada, en periodo extraordinario de sesiones, el Congreso de la Unión autorizó, el pasado 30 de julio, dar una prórroga de 30 días más para que las empresas cumplieran con la reforma sobre subcontratación laboral, además de que regularicen su situación ante las autoridades laborales, fiscales y de seguridad social. 

Esta prórroga venció este 1 de septiembre, lo que significa que la reforma al outsourcing ya entró en vigor y las empresas tuvieron que haber incorporado en su nómina a los empleados que tenían subcontratados. 

Las reformas a ocho normas, entre ellas las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del IVA y del ISR, ya entraron en vigor a plenitud,  para el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones de seguridad social con sus trabajadores, para que se anoten en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y para que migren al nuevo esquema de contratación en el que será posible la sustitución patronal, sin que sea necesaria la transmisión de los bienes objeto de la empresa.

Ante lo anterior, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se ha manifestado en varias ocasiones al respecto. Su última postura afirma que si no se da una nueva prórroga en la implementación de la reforma en materia de subcontratación (u outsourcing), habrá mayores afectaciones en el empleo en los sectores de la construcción, de seguridad y de servicios de promoción de productos en pisos de venta. Asimismo, solicitó que el plazo de entrada en vigor fuera el 1 de enero de 2022, por estar inmersos en una condición de pandemia y las inconveniencias que esto representa, ya que la prórroga al 1 de septiembre era insuficiente y debía homologarse con el plazo concedido a las empresas del sector público y de esta manera, evitar la pérdida de empleos y afectaciones a la economía.

Es así que tras la discusión legislativa se dio a conocer que desde abril, cuando entraron en vigor las reformas sobre outsourcing, hasta inicios de agosto 2.5 millones de trabajadores ya pasaron de esquema de subcontratación a ser empleados de las empresas a las que prestaban sus servicios, pero aún faltan casi el doble. Mientras que en el caso del REPSE, existen 70,000 empresas que han ingresado al registro, pero solo 25,500 (el 30%) han concretado el trámite.