El grupo parlamentario del PRD, desde 2008, propuso una iniciativa de ley con proyecto de decreto para que las empresas que brindan “determinados” servicios digitales en México tengan que pagar un impuesto por la prestación de estos servicios. La iniciativa obligaría a las empresas nacionales o extranjeras que operen en México y que brinden servicios digitales a pagar un impuesto equivalente a 3% de sus ingresos brutos totales generados por la prestación de estos servicios.

En abril, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, habló sobre la posibilidad de que se implemente un gravamen a los servicios digitales para mejorar la recaudación. De acuerdo con el reporte Estadísticas de Ingresos Tributarios en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región podrían recaudarse hasta 580 millones de dólares a partir de un impuesto de este tipo, de los cuales México podría obtener una tercera parte del total recaudado.

Sin embargo, según Daniel Casados, asesor de Innovación, Diversificación e Inclusión de la Secretaría de Economía, este tema tampoco está siendo discutido en esta dependencia. “Economía es quizá el último reducto que se visita en cuanto a normatividad. No es un tema que se esté discutiendo en este momento, porque precisamente creemos que es un tema que no obedece únicamente a la Secretaría, sino que es un tema multipartita que tiene que ser discutido por todos los participantes”, dijo.

De acuerdo con León Felipe Sánchez, miembro de la junta directiva de ICANN México, si bien esta organización no aborda este tema de forma directa, desde el punto de vista académico debe atenderse a partir de las distintas partes que integran al ecosistema de internet para ver si beneficia los principios básicos de esta red, como la libertad, la apertura y la interoperabilidad o si por el contrario los afecta.

“No es un tema que esté bajo el alcance de los objetivos de ICANN, esto significa que no hay una postura institucional al respecto. En otros ámbitos, que pueden ser el académico o el legal, habrá que ver cómo viene la iniciativa para evaluar si es algo que puede detonar la actividad económica o si puede restringirla o frenarla”, destacó.